Los problemas comunitarios a la propuesta española sobre la orden de protección de maltratadas

El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.

Reding alegó que la propuesta española utiliza una base jurídica inadecuada y por ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó con llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si siguen adelante con la tramitación de la orden de protección abanderada por España.

La presidencia española pretendía inicialmente que la orden de protección cubriera tanto las medidas dictadas en el ámbito penal como las del ámbito civil. Pero la Comisión sostiene que la base jurídica escogida por España sólo puede abarcar las medidas penales. La última propuesta de compromiso de la presidencia reduce la ambición inicial, pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte un juez penal o civil.

La propuesta ha sido apoyada por 15 Estados miembros.